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FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA VALENCIANA
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EL BLOG DEL SECTOR JUSTICIA DE STAS-INTERSINDICAL VALENCIANA
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Orihuela: Más de seis mil asuntos aguardan una sentencia desde hace años

El Poder Judicial anuncia para octubre un plan de refuerzo a seis meses vista insuficiente para acabar con el atasco. Si usted reside en algún municipio de la Vega Baja y está a la espera de una sentencia puede vivir en estos momentos una pesadilla o disfrutar de un dulce retraso. Todo es como se vean las cosas. Según datos facilitados por los juzgados, sólo en Orihuela hay más de 12.000 familias, según fuentes judiciales, esperando desde hace al menos tres años una resolución en un asunto de materia civil; es decir, una sentencia en un procedimiento en el que bien se dilucidan derechos o dinero, principalmente.La solución nunca ha sido fácil para acabar con este problema de la falta de celeridad de la justicia, por muchas modificaciones legislativas que hayan entrado en vigor, pero el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ya ha puesto fecha para un plan de refuerzo -otro más- que se pondrá en marcha el 1 de octubre, si no hay cambios de última hora, para que tres jueces sustitutos se pongan "como locos" durante seis meses a poner sentencias. Concretamente, ésto se producirá en los juzgados de Instrucción 1 y 2, que han perdido sus competencias en asuntos civiles (y por ello la urgencia de que los ciudadanos que allí tienen una demanda pendiente de resolución la tengan cuanto antes) y en el Primera Instancia 3, que acumula buena parte de las grandes "bombas" judiciales que flotan en la Vega Baja. A saber, "el caso Brugal", con todas sus ramificaciones; la imputación al ex alcalde de Bigastro, José Joaquín Moya que le llevó a dimitir; y la detención de la cúpula del Ayuntamiento de San Fulgencio por el llamado video-trampa. Todos ellos asuntos que están parados en estos instantes.Como ya publicó este periódico, el Consejo General del Poder Judicial ofreció este plan de refuerzo en un primer momento a magistrados de carrera; es decir, a profesionales de la judicatura que estuvieran dispuestos a pasar seis meses, trabajando en Orihuela para colaborar en el "desatasco". No encontró a nadie. Según confirmó el periódico, a priori está previsto que los tres jueces de refuerzo, que proceden de la bolsa de Elche y Vega Baja, tomen posesión de sus cargos con fecha 1 de octubre por un periodo de seis meses que, según todos los indicios y si no hay más recortes, se podrá renovar. "Es imposible sacar en ese plazo las 3.000 sentencias pendientes de poner en cada juzgado", aseguraba un portavoz judicial consultado por este periódico. De hecho, lo lógico al cabo de un año es que un magistrado ponga un máximo de un millar de sentencias; es decir, estamos hablando de que está pendiente de ponerse sentencia al trabajo de tres años. Recorte El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, ex conseller de Justicia de la Generalitat Valenciana, no dudó hace tres meses en calificar la situación que padecen estos juzgados como la más grave de España. Éste es el motivo por el cual el Consejo General se ha saltado recortes para poner en marcha este plan. Ahora bien, todo hace indicar que la Generalitat Valenciana no está por la labor de asignar funcionarios de refuerzo para esta tarea, según fuentes consultadas por este periódico, porque las arcas de la consellera Paula Sánchez de León no están prácticamente para nada. Sólo hay que darse una vuelta por los aseos de cualquier Palacio de Justicia de la provincia y, antes de entrar, preguntarse si hoy habrá papel higiénico. "¿Qué le dices a alguien que no cobra?" Los abogados y procuradores son los principales perjudicados por esta situación. Uno de ellos explicaba a este periódico que "el que trabaja en Orihuela, o en Torrevieja, ya sabe a qué está expuesto cuando se inicia el procedimiento. Es algo que nadie puede evitar y que, por desgracia, ha dado a bastante picaresca profesional durante los últimos años" A veces, el profesional que sabe que lo tiene difícil se beneficia porque su cliente, en casos de un impago, por ejemplo, sabe que va a tener mucho, pero que mucho más tiempo para poder encontrar el dinero. En cambio, el que está a la espera de cobrar se encuentra en una posición completamente distinta, "tú ponte en la situación de alguien que sabe que tiene la razón, que no le pagan y que no sabe cuándo lo harán. Que encima ha tenido que ir a un abogado, hacer un desembolso mayor o menor y que de tanto en tanto te va a visitar al despacho sin que le puedas decir ni cuándo habrá sentencia ni, mucho menos, cuándo cobrará". Fuente: www.diarioinformacion.com
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El fondo de pensiones de los empleados del Consell pierde un 4% en siete meses

Los ahorros privados para la jubilación que gestiona Bancaja ascienden a 45,5 millones. Los más de cien mil empleados públicos de la Generalitat Valenciana suman una mala noticia económica detrás de otra. La rentabilidad de su fondo de pensiones promovido por el Gobierno valenciano ha caído un 4% desde que se constituyó hace poco más de medio año. La noticia supone otro revés al poder adquisitivo de los funcionarios que ya vieron cómo su nómina sufrió un zarpazo el pasado mes de junio como consecuencia de la aplicación por el Consell de Francisco Camps de la orden de Zapatero de recorte de los salarios. Al tijeretazo a las retribuciones de los funcionarios -se acordó una reducción media del 5%- se añade ahora la caída en picado de la rentabilidad de sus ahorros para el plan de pensiones privado que pactaron con el Consell hace años y que se hizo realidad en noviembre de 2009. Este fondo, que la Generalitat Valenciana adjudicó a Bancaja tras un concurso público, no ha sido ajeno a los vaivenes de los mercados financieros y desde su constitución ha perdido valor. El fondo gestionado por Aseval, la aseguradora de la caja de ahorros valenciana, cuenta con un patrimonio de algo más de 45 millones de euros, fruto de las aportaciones que mes a mes ponen los funcionarios mediante descuentos de alrededor de nueve euros en sus nóminas. Como beneficiarios de este plan privado hay contabilizados unos 114.000 funcionarios. La Generalitat acordó constituir este fondo en 2005, pero tardó cuatro años en ponerlo en marcha. Año tras año el Consell fue reservando la dotación para el plan, hasta que finalmente y tras la presión de los sindicatos para que cumpliera con su acuerdo, acabó depositando lo adeudado en la entidad bancaria. Los funcionarios no visualizaron sus ahorros hasta 2009, aunque de momento la inversión no les ha dado beneficios. Aunque el año 2009 se cerró con un pequeño porcentaje de ganancia, el primer semestre de 2010 presenta un pobre balance, según consta en la información por escrito que Bancaja ha hecho llegar a los empleados de la Generalitat. En el primer semestre del año la rentabilidad cayó un 4,23%, lo que sitúa la histórica en un 3,98%. Como media y en términos absolutos los empleados públicos de la Generalitat -del plan se beneficia el personal de Sanidad, Educación, Generalitat y Justicia- han perdido en siete meses unos 16 euros. Con todo, el fondo tiene proyección a largo plazo y su rentabilidad es susceptible de mejora en función de cómo evolucione la bolsa y los mercados financieros. Los funcionarios públicos valencianos -al igual que los estatales que también tienen fondos privados de pensiones-podrán rescatar su dinero cuando se jubilen o en caso de invalidez permanente. Bancaja cobra una comisión por la gestión de este dinero del 0,2%, el mismo porcentaje que ofertó para la apertura de la comisión de depósito. Varias entidades, entre ellas la Caixa, pujaron en su día por lograr la administración del plan de pensiones.
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Villena: El Juzgado no recibe estanterías por falta de fondos

Las de segunda mano que envió la Conselleria ya están ocupadas y las reservadas en Elche siguen sin traslado.
Los cuatro juzgados de los que consta el Palacio de Justicia de Villena siguen sin disponer de suficientes estanterías en las que poder archivar los expedientes y no tener que apilarlos en el suelo, en un rincón, sobre cualquier mueble, en "armarios caseros", detrás de las puertas o hasta en el cuarto de baño, que es precisamente lo que tuvieron que hacer a mediados de 2009 los trabajadores del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para suplir la falta de espacio.Pero el problema no es nuevo. Los funcionarios vienen reclamando unos simples estantes desde hace muchos años. De esta carencia material, y de otras muchas, se hizo eco este diario el 28 de octubre de 2009 y, justo al día siguiente, la dirección general de Justicia aseguraba que a principios de 2010 se instalarían estanterías en todos los Juzgados de Villena. Para ver cumplido dicho compromiso hubo que esperar hasta el pasado mes de marzo y, además, sólo se satisfizo de forma parcial. El más "beneficiado" Todo el mobiliario era de segunda mano y antiguo. Procedía de un juzgado de Benidorm que había sido previamente desmantelado para renovar todas sus instalaciones y equipamientos. El más "beneficiado" en el reparto ha sido el de Vigilancia Penitenciaria de Villena con la entrega de dos armarios para no tener que seguir utilizando el váter como archivo. A los otros tres Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Villena sólo les ha correspondido cuatro metros de estantería para cada uno. La remesa llegó en marzo pero en abril ya estaba completamente ocupada, de tal modo que la imagen de expedientes apilados por las mesas y en el suelo sigue presente a día de hoy. Los funcionarios consultados consideran que harían falta, al menos, otros 20 metros más de estantería. Lo de pedir armarios, aunque sean de segunda mano, ni se lo plantean porque comentan con ironía que eso es un "lujo inalcanzable" para ellos. Lo chocante del caso es que las estanterías que ellos reclaman están desmontadas, embaladas y dispuestas en los almacenes de la Ciudad de la Justicia de Elche. También son de segunda mano pero eso ya no les importa. El problema, según indican las mismas fuentes, es que la Conselleria no cuenta con los recursos económicos necesarios para alquilar un vehículo con el que poder efectuar el traslado desde Elche hasta Villena. Y así han transcurrido ya cuatro meses que evidencian la precariedad con la que estos profesionales de la Justicia desempeñan su trabajo por falta de espacio, de medios y, en definitiva, de inversión. Mobiliario "histórico" Otra de las necesidades que se ha suplido este año, ésta sí de forma completa, ha sido la falta de bancos y sillas en la zona de espera situada en la sala de vistas del Número 3, que es el último Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que se ha creado en Villena. Desde su puesta en marcha los denunciantes y denunciados, testigos y abogados, peritos y procuradores debían esperar de pie hasta la celebración del juicio, o hasta ser citados para declarar, porque simplemente no había ningún lugar donde poder sentarse. Pero cuando las vistas se dilataban muchos de ellos optaban por sentarse en las escaleras, en ocasiones hacinados, lo que dificultaba el paso de quienes tenían que acceder a la planta superior del edificio judicial. Al menos esta imagen tercermundista ya no se va a repetir porque cuando en marzo llegaron las primeras estanterías y armarios, también entró en el lote un "histórico" surtido de dos bancos de madera de los años 70 y seis sillones de los 80.
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Emplazamiento en el recurso de Intersindical Valenciana

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Alicante: El nuevo tribunal 'antimafia' asumirá unos 70 juicios con tres o más acusados cada año

La Sección Décima de la Audiencia comenzará a funcionar el 30 de septiembre con el fin de evitar el colapso de las otras salas penales.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) recogía en su publicación del pasado 10 de agosto la fecha oficial en que comenzará a funcionar la nueva sección penal de la Audiencia de Alicante, la décima, llamada a asumir la mayoría de juicios contra el crimen organizado. Según el presidente de la institución judicial, Vicente Magro, esta nueva sala asumirá entre sesenta y setenta vistas orales, fundamentalmente por trata de blancas, narcotráfico o estafas. En principio, las normas de reparto atribuyen a dicho tribunal todos los procesos con tres o más acusados. Su puesta en funcionamiento provocará un baile de magistrados en la Audiencia Provincial. Dos de los que actualmente ocupan plazas en el resto de las secciones deberán desplazarse al nuevo plenario, que carece de sala de vistas y deberá utilizar en principio la de otros tribunales o la del jurado popular. Además, el Ministerio tendrá que sacar a concurso el tercer puesto, previsto para el presidente, y que recaerá en el candidato mejor situado en el escalafón. Según Magro, la creación del nuevo tribunal también servirá para unificar criterios en la lucha contra las bandas criminales. fuente: www.lasprovincias.es 
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